La intención declarada por el Gobierno “es que las posibles pérdidas futuras que pudieran aparecer en el proceso de reestructuración financiera no se trasladen al contribuyente ni aumenten el déficit”.
Se trata de una falsedad manifiesta.
En primer lugar, el patrimonio que se ha acumulado en los últimos 30 años en los Fondos de Garantía de Depósitos no pertenece a las entidades financieras ya que es fruto de una regulación estatal que obliga a su dotación, que ha sido complementada por aportaciones del Banco de España y su fundamento es similar a un impuesto y no una “libreta de ahorro” propiedad de los aportantes. De hecho, los bancos no estaban de acuerdo en el uso que el nuevo Real Decreto ordena y, sin embargo, el Gobierno utilizará esos fondos sin utilizar un decreto de expropiación. O sea que “no es el dinero del sector el que se utiliza para la reestructuración”. ¿Se trata o no dinero público el que se va a usar? ¿Es o no es un coste para el contribuyente?.
En segundo lugar, el coste de la reestructuración y la recapitalización del sistema financiero excede la capacidad del Fondo de Garantía de Depósitos. En la actualidad carece de “patrimonio no comprometido” ya que han tenido que aportar fondos para el FROB del que son accionistas y soportar el coste del saneamiento no finalizado de Caja Castilla la Mancha y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Además, el Fondo tiene como objetivo prioritario garantizar los 100 mil euros por cada titular de los depósitos que los clientes mantienen en el sistema. ¿Quién lo hará si alguna de las entidades financieras tiene problemas?
Con toda seguridad, el Estado.
Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro
